Adversidades en las mujeres

Resumen

Corresponde al Estado promover las medidas adecuadas para “garantizar los derechos y libertades fundamentales y el respeto de los principios del Estado democrático de derecho”, de conformidad con el artículo 9 (b) de la Constitución de la República Portuguesa. Nuestros objetivos fueron examinar cómo la legisladora portuguesa tuvo en cuenta las particularidades de ser mujer en temas como higiene, salud, maternidad y educación de los padres durante la ejecución de las penas y, además, investigamos los mecanismos de protección que dispara el Estado, como medida preventiva, de las mujeres como víctimas de delitos. Realizamos una encuesta, en términos numéricos, indagando la tasa de mujeres constituidas imputadas en procesos penales, así como el número de condenadas, a partir de un conjunto de referencias recientes y fuentes documentales oficiales, en base a los recursos estadísticos existentes. También hicimos una incursión en los diplomas legislativos pertinentes, entre ellos, el citado Código de Ejecución de Penas y Medidas de Privación Penitenciaria y el Reglamento General de Instalaciones Penitenciarias. El cumplimiento de una pena de prisión conlleva vastas y variadas consecuencias, desde consecuencias personales, familiares, sociales y profesionales, entre otras. Concluimos que, en comparación con el universo masculino, el número de mujeres constituidas acusadas y condenadas es claramente menor. Por otro lado, son las mujeres las que constituyen la mayor proporción de víctimas de determinados delitos. Según el Informe Anual de 2019, elaborado por APAV (Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas), las víctimas femeninas ascendieron a 8.394.